Investigan una red de extorsión por coimas de bares y lenocinios

Un funcionario de la Alcaldía de La Paz  fue detenido por ofrecer “coimas” a cambio de proteger de los controles municipales a bares, discotecas y lenocinios. Se presume que hay una red de extorsión que es investigada.

“Descubrimos a un  funcionario que intentaba sobornar a un subintendente, para favorecer a algunos locales, discotecas y lenocinios. Se pretendía  obtener una protección  para no ser objeto de fiscalización. Presumimos que hay una red de corrupción que tiene que ser desarticulada”, declaró la directora de transparencia y lucha contra la corrupción, Amparo Morales.

El acusado, que ahora cumple una detención domiciliaria,   fue grabado mientras trataba  de convencer   a una autoridad  del macrodistrito Centro  de recibir 1.000 bolivianos, por cada establecimiento. El Ministerio Publicó lo imputó por uso indebido de influencias, benefició en razón del cargo y cohecho activo.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc),  Douglas Uzquiano, señaló que  el involucrado  recibía al menos 2.000 bolivianos  de los dueños de los establecimientos.

Desde la Alcaldía se informó que  investiga los nexos  con otros funcionarios y locales ya identificados. Los datos se mantienen en reserva para no entorpecer  las pesquisas.

Investigan una red de extorsión por coimas de bares y lenocinios
Intervención a un bar clandestino en el centro de la ciudad de La Paz. Foto: Intendencia Municipal de La Paz.

   1.000  bolivianos por local

El acusado, edil desde hace ocho años, es abogado y cumplió funciones en  diferentes cargos dentro del gobierno municipal. Al momento del hecho era jefe de la División de Procesos Jurisdiccionales, dependiente  de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

Al parecer, su trayectoria le permitió hacer una serie de contactos tanto al interior como al exterior de la municipalidad, especialmente   con dueños de los locales que eran fiscalizados  por la Intendencia.

Con estos antecedentes, tras llegar a un acuerdo con tres  establecimientos nocturnos, se acercó al subintendente del macrodistrito Centro para convencerlo   de alertar de los operativos y proteger a estos locales, a cambio de recibir 1.000 bolivianos mensuales por cada uno, con la promesa de que pronto serían más. Pero el superintendente se negó a  la oferta  y denunció el hecho.

El monto era sólo una parte de lo que en realidad pedía a los dueños de bares.

“Ésa es la parte que le toca a un funcionario. Pero hay que pasar por dos o tres, es mucho más lo que  piden. El que hace el contacto tiene que repartir  para convencer a varios. No es  reciente, es un secreto a voces sin control”, aseveró el dueño de un centro nocturno.

Afirmó que el monto de dinero cubre “la campana” (aviso sobre ubicación, hora y fecha de los operativos), que la batida pase de largo   o que el lugar no sea clausurado. “Si no les pagas  te  caen a cada rato. O si hay algún local que es tu competencia te manda el operativo”, dijo.

“Vamos a poner todos nuestros esfuerzos para desarticular estas redes de corrupción. Estos hechos involucran a funcionarios que ya están  acostumbrados   a  realizar este tipo de actos. Pero también necesitamos el control de la sociedad y que la población  denuncie si es víctimas de este tipo de hechos”, dijo el secretario municipal de Desarrollo Económico,  Marco Agramont.

Trabajadoras sexuales también denuncian  extorsión  

“Funcionarios de la Alcaldía están acostumbrados  a pedir  dinero junto con los policías,  a cambio de evitar la clausura de los   lenocinios. Hay una  extorsión y abuso que  hemos denunciado -públicamente- varias veces, pero las autoridades no hacen nada”, señaló una  trabajadora sexual que pidió reserva.

Sostuvo que  piden entre 2.000 y 3.000 bolivianos a cada lenocinio para “avisarles” sobre los operativos y evitar clausuras.

En enero pasado, una marcha del sector llegó hasta la Alcaldía paceña. Exigió una audiencia con las autoridades ediles. Manifestaron su rechazo a las restricciones que se  impusieron a su actividad en el marco de la pandemia.

Denunciaron que esta situación agravó la violencia estatal de la que eran víctimas desde antes de la emergencia sanitaria por parte de los funcionarios municipales y los policías. Indicaron que debido a que su actividad fue prohibida,  los operativos se convirtieron en una “campaña de extorsión y persecución” a locales pequeños y no así “a los grandes y lujosos” que pueden pagar por “protección”.

“No es justo lo que se está haciendo con ellas. Se les está quitando el pan de la boca. Además, si todo trabajo sexual está prohibido, que sea para todos y no sólo para algunos”, señaló entonces María Galindo,  representante del colectivo Mujeres Creando,  que apoyó la movilización.

//Pagina Siete

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