Exministro Órtiz detecta al menos cuatro “fallas de origen” en la Planta de Urea

El exministro de Economía del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, Óscar Ortiz, afirmó que la Planta de Urea y Amoniaco sufre de al menos, cuatro fallas de origen. En su calidad de senador advirtió en reiteradas ocasiones de la paralización de operaciones de la petroquímica ubicada en la localidad de Bulo Bulo en el departamento de Cochabamba.

Tuvo varias fallas de origen; la primera fue no contar con un verdadero estudio de factibilidad técnica, económica y social, el famoso TESA, en varias peticiones de informe escritos (PIE). Cuando era senador solicité esa información y nunca obtuve respuesta satisfactoria, porque todo indica que se tomó una decisión política, sin hacer este estudio de prefactibilidad”, dijo a Brújula Digital.

La segunda falla según Ortiz fue la ubicación en Bulo Bulo en el departamento de Cochabamba. “Nuevamente fue una decisión arbitraria de Evo Morales con la región que lidera que es el Chapare, pero todos sabemos que cualquier criterio técnico hubiera dado como resultado la real ubicación más conveniente que tendría que haber sido Puerto Suárez”, señaló.

El exministro dijo que Puerto Suárez no solo cuenta con un gasoducto construido, sino que está a cinco kilómetros del mercado destino, Brasil. “No había que hacer tanto gasto en infraestructura y tanto costo en transporte”, acotó.

“Una tercera falla de origen es que YPFB por un lado no tuvo una contraparte técnica frente al diseño de la planta; es decir, adjudicó una planta a Samsung, pero no tenía la capacidad de contraparte de cuáles serían las características, ¿qué más le convenía al país en el diseño final?”, señaló.

La cuarta falla de origen en el análisis de Ortiz es un punto neurálgico, pues YPFB no formó un equipo humano boliviano capacitado para operar la planta, por lo que se tuvo que extender el contrato con Samsung para que opere la planta, siempre hay personal externo operando la planta.

“Está claro que en todos los contratos de este tipo se incluye esa formación de un equipo profesional contraparte que debería ser capacitado para poder operar la planta por los siguientes años, pero no lo tenemos”, manifestó.

El exministro recordó que en su momento alertó por lo menos tres o cuatro paralizaciones por denuncias que recibió desde el interior de la operación de la planta. “Y esto muestra que la planta no costó más de 1.000 millones de dólares porque con el ferrocarril va a costar $us 1.300 a 1.400 millones, obviamente no se justificaba que tendría paralizaciones tan frecuentes”, dijo.

El 6 de septiembre el Gobierno de Luis Arce reanudó operaciones para la producción de fertilizantes en la Planta de Amoniaco y Urea (PAU) para cubrir la demanda interna y mercados de exportación y culpó de su cierre durante el 2020 al Gobierno de Áñez. Dos días después sin embargo, operarios revelaron a El Deber de la fuga de amoniaco e hidrógeno en el reactor de síntesis de amoniaco del complejo petroquímico.

“Un último punto es también que hay una diferencia muy grande entre el precio que el país le vende a la planta que es alrededor de un dólar por metro cúbico y lo que el país puede ganar vendiendo ese gas al exterior como exportación es de cuatro, cinco o seis dólares según el momento; eso exigiría una rentabilidad muy alta para compensar esa diferencia de gas, lo cual es muy difícil de lograr”, apuntó.

Al momento de analizar el consumo interno -dijo Ortiz- también es otro punto flaco para la planta, que tiene la capacidad de producir más de 300 mil toneladas anuales, mientras que el país en su conjunto consume 30 mil toneladas al año. “Nuestra demanda interna es muy baja, y la planta solo tendría viabilidad enfocada a la exportación”, subrayó.

En algún momento incluso el costo de la urea por tonelada llegó a costar 100 dólares más en el mercado interno en relación al mercado brasilero. Entonces, desde el Gobierno se dijo que eso se daba debido a que las intermediadoras y/o comercializadoras debían ganar una comisión por el transporte y venta del producto en el territorio brasilero.

“La planta no solo debe demostrar rentabilidad sobre su operación, sino que debe compensar la diferencia de precio de exportación y el precio al que le entregan el gas, lo que además perjudica a las regiones porque no se les da regalías por exportación y no por el uso en plantas”, explicó.

Sin embargo dijo que ante lo real, que la inversión ya fue realizada, al país no le queda más que buscar alternativas para hacerla viable a la planta y en la medida de lo posible que no genere pérdidas.

“Pero es muy difícil hacer un juicio porque hay poca información para poder emitir un criterio, de cuáles son las reales condiciones para operar al 55% de su capacidad, eso significa que el 90% de la producción debe ser enviada al mercado externo y ver si se puede concretar esos acuerdos de exportación”, dijo.

A criterio del exministro, es obligación del Estado hacer auditorías a las empresas públicas para evaluar su funcionamiento.

//Brújula Digital

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