Niña no contó sobre el abuso para evitar que su hermanita crezca sin padre

La víctima recibe el apoyo de la Defensoría de la Niñez

“No le dije a mamá (lo sucedido) porque quise a mi padrastro como a un padre y tenía miedo de que mi hermanita creciera y me culpara de estar lejos de su padre, porque cuando metan preso al abuelastro, seguro mi madre se va a separar (…). No quería que mi madre se pusiera triste”, dijo la menor violada y embarazada de cinco meses.

La niña, además de cargar con el abuso sexual de un hombre de la tercera edad que debía cuidarla, sufrió en silencio, desde mayo, el sentimiento de culpa por lo que nunca hizo mal.

La confesión consta en el informe sicológico que le realizaron en Yapacaní, igual que su deseo de seguir estudiando, y de no estar embarazada, contrariamente a la versión posterior, compartida por funcionarias de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Santa Cruz (Apdhsc), que ayer visitaron a la niña en el Hospital de la Mujer, donde se encuentra internada.

“No podemos decir ‘lo que mande la ley’, si la niña no quiere que se la intervenga o que le hagan el aborto, tiene que respetarse la decisión de la familia y de la menor”, dijeron a los medios.

Según las funcionarias, cuando pasaron y hablaron con la pequeña, le preguntaron si ella tenía la fuerza suficiente para asumir esa responsabilidad, y ella dijo que sí. “Tenía toda la voluntad del mundo de tenerla, de que nazca la bebé”, aseguraron. Además reflexionaron sobre el hecho de que ya se trata de una criatura formada, que se mueve, “está la vida”, dijo una de ellas.

Ante los requerimientos de la prensa sobre la posibilidad de practicar el aborto a la menor, al ser víctima de un abuso sexual, el director interino del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Edil Toledo, indicó que “la posición del Hospital de la Mujer (ex Maternidad Percy Boland) es simplemente la atención del paciente. Los problemas legales y con la Fiscalía, y la Defensoría (de la Niñez y Adolescencia), esas son preguntas personales que deberían hacerles ustedes a las personas indicadas”, se desligó.

Toledo también informó que la paciente se encuentra estable y que estará entre 24 y 48 horas más en observación para después darle el alta respectiva. Reconoció que ya se había realizado una primera medicación para inducir el aborto a la niña.

Según el protocolo se hace la impregnación de un medicamento, es por eso que la niña está en observación, pero se encuentra estable. Se tendrían que aplicar las otras dosis, pero se suspendieron por el tema mediático, y por el desistimiento de la familia de interrumpir el embarazo”, informó.

Sobre este tema, la neonatóloga Ingrid Guzmán explicó que existe el riesgo de que la bebé nazca con secuelas, como consecuencia de la medicación, pero dependiendo del tipo de remedios y de la dosis.

“Podría sufrir labio leporino o hendidura palatina, entre otras cosas”, dijo, pero también reconoció que el riesgo de malformaciones es mayor si la medicación se realiza en el primer trimestre de la gestación, a diferencia del segundo, cuando los órganos ya están prácticamente formados.

Otro posible efecto del remedio recibido, de acuerdo a la experiencia de Guzmán, es que de proseguir con el embarazo, el parto sea prematuro, y también de que se dé el nacimiento, con posterior óbito.

Para saber si el bebé está en perfectas condiciones, Guzmán sugirió una ecografía morfológica.

Cuestionamiento

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, manifestó su rechazo al manejo poco responsable que hicieron los medios de comunicación sobre la denuncia de violación a una niña de 11 años de edad en el municipio de Yapacaní, que quedó embarazada y que finalmente desistió de practicarse la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que corresponde en casos de violación a menores de edad, como establece la Sentencia Constitucional 206/2014.

Con esta sentencia, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) establece que las víctimas de violación no requieren autorización judicial, ni iniciar un proceso penal para conseguir un aborto legal.

“En vez de concentrarse en el delito de violación, la solicitud de investigación y sanción del agresor de acuerdo con la norma, expusieron la situación de la víctima, la sometieron a un proceso revictimización y a presiones que ponen en riesgo su integridad física, psicológica, mental y desarrollo escolar”, criticó Cruz.

La defensora además observó el incumplimiento de funciones por parte del personal de la Defensoría de la Niñez y del personal de salud de Yapacaní con relación al manejo de la información y al procedimiento de la ILE en caso de violación. Manifestó su alarma sobre la intervención de la Iglesia con relación a este caso y los procedimientos legales de la violación a menores de edad.

//El Deber

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