Relator García-Sayán llega a La Paz y verá al menos 5 pruebas de una justicia subordinada

El relator de la ONU Diego García-Sayan llega a la Cancillería, donde este martes se reúne con los ministros de Justicia y de Relaciones Exteriores. / Foto: APG.

El relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, cumple desde este martes una agenda en el país en la que podrá constatar al menos cinco evidencias de la falta de independencia de la justicia. Estará en Bolivia hasta el 22 de febrero.

El letrado se presentó poco antes de las nueve de la mañana en la Cancillería, donde fue recibido por el vicepresidente David Choquehuanca. Además se reunirá con los ministros de Justicia, Iván Lima, y de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta.

Las cinco pruebas son: el factor veleta, el doble estándar, el que hay más jueces transitorios, el que la preselección de postulantes a magistrados recayó por entero en el MAS, y el proceso a Jeanine Añez apuntalado por la retórica de golpe.

“El Relator de la ONU sobre independencia judicial realiza una visita a Bolivia. Va a encontrar precisamente que no existe independencia judicial. Le instamos a apoyar la labor de la sociedad civil boliviana en pro de una justicia sin injerencia política”, indicó César Muñoz, investigador sénior de Human Rights Watch (HRW)

El exmagistrado Gualberto Cusi sostuvo que a García-Sayán le espera una “justicia independiente muerta”, y lamentó que   esté hoy sometida “a lo que dicta el Gobierno central”.

El factor veleta

El sistema de administración de justicia es cuestionado por procesar a opositores sin importar el gobierno de turno. El capítulo sobre Bolivia del Informe Mundial 2022 de HRW da cuenta de aquello.

En ese documento se indica que el exmandatario Evo Morales socavó la independencia judicial durante su gobierno y que los fiscales presentaron cargos contra varios de sus rivales políticos que, aparentemente, respondían a motivaciones políticas. La administración de Jeanine Añez -se lee en el informe- promovió casos contra opositores con cargos infundados, y el actual Ejecutivo, presidido por Luis Arce, respalda acusaciones, sin la evidencia necesaria, contra Añez.

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Doble estándar

En el último año también se registró la tendencia de que la administración de justicia es implacable con los opositores, pero no actúa en el caso de oficialistas. Uno de los casos paradigmáticos es el de los gobernadores Santos Quispe (La Paz) y Jhonny Mamani (Potosí).

En menos de una semana, Quispe, que representa a Jallalla, fue sorprendido en su despacho con bebidas alcohólicas y en aparente estado de ebriedad, fue aprehendido e imputado por la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de bienes, y un juez, en audiencia cautelar, le dio detención domiciliaria, lo arraigó y la fijó una fianza de 70.000 bolivianos.

El escándalo de la compra irregular de 41 ambulancias estalló a mediados de enero, en cuya contratación figura la firma  de Mamani, gobernador del MAS. Sin embargo, la Fiscalía no abrió una  investigación de oficio, aunque hay dos denuncias interpuestas.

Jueces transitorios

En su capítulo sobre Bolivia, el Informe Mundial 2022 de HRW, entre otros detalles, subraya que alrededor del 80% de los jueces y fiscales son “transitorios”, lo cual “aumenta el riesgo de que tomen decisiones para complacer al gobierno de turno y así poder permanecer en el cargo”.

Una de las recomendaciones que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue la de garantizar la independencia funcional y externa, y la estabilidad profesional de los jueces y fiscales.

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Las preselecciones del MAS

Con la Constitución de 2009 entró en vigencia la elección de magistrados por voto popular, pero previa definición de listas de preselección en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Ya hubo dos elecciones, la de 2011 y la de 2017. En ambas, la preselección recayó exclusivamente en manos del MAS porque contaba con los dos tercios requeridos. Sin embargo, en los dos comicios, los  nulos y blancos superaron los votos válidos.

El 21 de septiembre de 2021,  10 juristas independientes plantearon una reforma de la justicia vía referendo constitucional, con el fin de eliminar la elección judicial de magistrados y tribunos. Entonces indicaron que uno de los “principales efectos” de la crisis judicial es la falta de independencia de los magistrados y jueces, que tiene su origen en la “alta injerencia” política en los procesos de preselección para la papeleta electoral.

El Comité de la ONU contra la Tortura publicó un informe sobre la situación de DDHH en Bolivia en diciembre de 2021, en el que  entre otros puntos recomienda “llevar a cabo una reforma urgente del sistema de justicia a fin de garantizar su independencia y el respeto al debido proceso;  adoptando una ley sobre la carrera judicial que garantice la estabilidad profesional, y revisando el proceso de selección, evaluación y remoción de juezas, jueces y fiscales, conforme a criterios públicos y objetivos, basados en el mérito”.

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Proceso a Añez por “golpe”

Añez es procesada en un caso apuntalado por la retórica de golpe que impulsa el partido oficialista. Es enjuiciada por la vía ordinaria, cuando lo que le corresponde es un juicio de responsabilidades debido a que ejerció como presidenta entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020.

La exmandataria sostiene que la ampliación de la denuncia en su contra por el caso golpe I es por “delitos inexistentes”, y que en el caso golpe II se atenta contra los principios y garantías constitucionales.

En el segundo caso, su defensa denunció que el Ejecutivo incurre en “injerencia” en el Órgano Judicial. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y no una autoridad del sistema de justicia, anunció el ingreso a la etapa de juicio oral. Luego, el ministro de Justicia, Iván Lima, el 22 de enero, declaró que Añez podría ser condenada a 12 años de prisión y un día después aseguró que el juicio no debiera durar años, sino “semanas”.

Una de las recomendaciones que realizó el GIEI fue la de “garantizar la independencia del sistema de justicia, lo cual incluye que las autoridades políticas se abstengan de pronunciarse sobre investigaciones y procesos penales en curso o que estén por iniciarse”.

//Pagina Siete

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